PP y Vox rechazan en el pleno de Alicante los «intentos de manipulación» del censo electoral y tumban el apoyo a la huelga del 11N

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria de carácter eminentemente político —aplazada de la ordinaria del pasado 29 de octubre en señal de luto por la tragedia ferroviaria de Urda—. La corporación municipal ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, una declaración institucional para manifestar su rechazo a los «intentos de manipulación» del censo electoral, en un debate marcado de lleno por el horizonte de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La iniciativa, presentada por el grupo municipal de Vox, ha sido defendida por su portavoz, Carmen Robledillo, quien ha advertido de que la llamada memoria democrática se ha convertido en «una bandera partidista» y ha recalcado que en materia de nacionalidad y derechos de sufragio «no caben atajos administrativos ni interpretaciones arbitrarias». Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha secundado la postura asegurando que las «dudas» sobre los procesos electorales las siembra la izquierda con leyes redactadas «a medida».

En frente, los grupos de la oposición —PSPV, Compromís y EU-Podem— han cargado duramente contra la propuesta. La socialista Ana Barceló ha tildado de «ilegítimo» presentar a quienes adquieren la nacionalidad como parte de una «conspiración electoral», mientras que Sara Llobell (Compromís) y Manolo Copé (EU-Podem) han calificado la iniciativa de «provocación» y han exigido rigor frente a la siembra de sospechas sobre el sistema democrático.

Choque frontal por la huelga general y la crisis de la vivienda

La tensión política también ha marcado el debate sobre la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Tras escuchar las reivindicaciones de los representantes sindicales de CCOO y UGT en el atril del salón de plenos, PP y Vox han rechazado conjuntamente una declaración institucional impulsada por Compromís y EU-Podem en apoyo a los paros.

Desde la bancada de Vox, el edil Mario Ortolá ha tildado la convocatoria de «inconstitucional» y la ha catalogado como «la primera huelga contra la oposición de la historia de España», responsabilizando a los ocho años de políticas de izquierdas en el Gobierno central de la precariedad laboral y el encarecimiento del acceso a una vivienda digna.

Precisamente, la cuestión habitacional ha monopolizado otro de los grandes enfrentamientos de la sesión. El PSPV ha interpuesto una batería de críticas contra el alcalde, Luis Barcala (PP), interpelándole por las cerca de 15.000 viviendas vacías en la ciudad y cuestionando los precios de las promociones públicas, como el caso de la calle Ceuta o la gestión en Residencial Les Naus. Desde el equipo de gobierno, el concejal popular Carlos de Juan ha reprochado a la izquierda que exija soluciones mientras el Ejecutivo central ha «dinamitado la seguridad jurídica», defendiendo los avances del programa de alquiler asequible municipal.

Asimismo, ha salido adelante una propuesta de Vox sobre la crisis de vivienda que vincula directamente el encarecimiento de los precios con la presión migratoria. La iniciativa ha sido aprobada con el respaldo del PP —aunque matizando que «priorizar por arraigo no es lo mismo que excluir por nacionalidad»— y el voto en contra de toda la izquierda, zanjando una sesión plenaria donde los bloques ideológicos han evidenciado su absoluta distancia a las puertas de la cita electoral del 29N.