Portazo judicial a la reapertura de la causa por el trágico incendio de Campanar

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha denegado la reapertura de la investigación sobre el devastador fuego que arrasó un bloque de viviendas en el barrio de Campanar el 22 de febrero de 2024, cobrándose la vida de diez personas. En una reciente resolución, los magistrados han desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por las familias de los fallecidos y la Comunidad de Propietarios, concluyendo que no existen pruebas sobrevenidas ni hechos inéditos que justifiquen retomar las pesquisas procesales. Tras este varapalo en los tribunales ordinarios, a los afectados únicamente les resta la vía del Tribunal Constitucional para intentar revocar el sobreseimiento.

El intento de las acusaciones particulares por reactivar el procedimiento se sustentaba en la aportación de un nuevo dictamen pericial. Según los familiares, este documento introducía elementos técnicos de enorme calado que no habían sido escrutados durante la fase de instrucción, tales como la presunta caducidad o invalidez de los certificados de reacción al fuego de la fachada. Además, el texto señalaba una divergencia significativa en el revestimiento empleado: mientras la documentación del fabricante ALUCOIL indicaba un grosor de cuatro milímetros, las muestras analizadas por la Policía Científica revelaban un espesor de 4,5 milímetros.

Sin embargo, la sala considera que esta documentación no constituye el presupuesto legal necesario para reabrir unas diligencias ya archivadas de forma provisional. El tribunal argumenta que el peritaje aportado no saca a la luz descubrimientos posteriores al sobreseimiento ni emplea técnicas de investigación novedosas, sino que se limita a ofrecer una reinterpretación alternativa de normativas y materiales que ya obraban en el sumario. A juicio de la Audiencia, una mera discrepancia técnica o una nueva valoración de circunstancias ya evaluadas resultan insuficientes para quebrar la firmeza de las resoluciones dictadas previamente por el Juzgado de Instancia número 9 de Valencia.

En la misma línea, los magistrados han descartado las alegaciones referidas a la supuesta omisión del Real Decreto 312/2005 sobre seguridad contra incendios. La Audiencia aclara que el complejo debate acerca de la normativa urbanística y técnica aplicable al proyecto constructivo del edificio —ya fuera la antigua NBE-CPI/96, el Código Técnico de la Edificación o el citado decreto— fue objeto de una exhaustiva comprobación, que incluyó la declaración de diversos técnicos municipales. Por tanto, determinan que plantear ahora un nuevo enfoque jurídico no equivale a la irrupción de un elemento probatorio inédito que obligue a modificar el desenlace judicial del caso.