Los alcaldes de la zona cero de la DANA exigen agilizar la reconstrucción para evitar el «limbo burocrático» en el segundo aniversario

Dos años después de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 víctimas mortales, los alcaldes de los municipios más castigados aseguran que sus localidades han recuperado gran parte de la vitalidad perdida. Los primeros ediles de Catarroja, Benetússer, Alfafar, Utiel, Aldaia y la pedanía de Castellar-Oliveral coinciden en que sus poblaciones «ya se parecen más a lo que eran», aunque reconocen que el trauma y el miedo ante cada nueva alerta meteorológica siguen profundamente arraigados. Ante esta realidad, todos urgen a las administraciones superiores a agilizar los procesos de contratación para evitar que los grandes proyectos estructurales queden paralizados.

El principal obstáculo al que se enfrentan los consistorios es la lentitud administrativa derivada del fin de la tramitación de emergencia. Las obras han pasado a regirse por la ley de contratos ordinaria, un escenario que ha ralentizado drásticamente la recuperación. El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, advierte de que el proceso es «mucho más lento» de lo deseado y exige empatía hacia quienes llevan dos años esperando recuperar infraestructuras como el cuartel de la Guardia Civil o la línea C3 de Cercanías. En la misma línea, el primer edil de Aldaia, Guillermo Luján, asegura que los ayuntamientos están «atados de pies y manos», por lo que urge a recuperar fórmulas veloces que permitan ejecutar obras hidráulicas perentorias y aportar tranquilidad a la ciudadanía.

Las cifras y los testimonios locales evidencian la magnitud del reto pendiente. En Catarroja, municipio que lamentó 25 fallecidos, su alcaldesa Lorena Silvent gestiona 38 expedientes por valor de 124 millones de euros, reclamando una vía legal intermedia que acelere los trámites sin mermar la seguridad jurídica. La frustración también es palpable en Alfafar; su alcalde, Juan Ramón Adsuara, lamenta que el 50 % de la reconstrucción pendiente se encuentre en un auténtico «limbo burocrático» debido a la falta de técnicos institucionales, frenando proyectos de hasta siete millones de euros desde que decayó el paraguas legal de la emergencia.

Por su parte, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, destaca el avance experimentado este último año gracias a los 48,7 millones de euros transferidos por el Gobierno, fijando como prioridad el diseño de un sistema de alerta temprana y la solución al efecto barrera de las vías del tren. En el término municipal de Valencia, la alcaldesa de la pedanía de Castellar-Oliveral, Sol Verdeguer, pone en valor la ejecución del reasfaltado y la inminente creación de un tanque de tormentas. Todos los responsables municipales insisten en reclamar mecanismos excepcionales de contratación, recordando que detrás de cada expediente hay familias que siguen requiriendo de un fuerte acompañamiento psicológico e institucional.