Catalá lanza un ultimátum a la acampada de Valencia: exige su fin inmediato apelando a la seguridad y a la inminente campaña navideña

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha determinado que la movilización ciudadana por el derecho a la vivienda, instalada desde hace un mes en la céntrica Plaza del Ayuntamiento, ha cumplido su ciclo y debe ser desmantelada. Durante un encuentro sectorial celebrado este martes, la primera edil ha apostado por buscar una salida «dialogada y consensuada», aunque ha advertido de que el consistorio actuará con total «firmeza» y determinación, en estrecha coordinación con la Delegación del Gobierno, para recuperar la normalidad de este espacio público.

El principal argumento técnico esgrimido por la corporación municipal para justificar el levantamiento del campamento es la logística de la próxima campaña de Navidad. Según ha detallado Catalá, las concentraciones humanas que se registran en la plaza durante estas fechas festivas alcanzan volúmenes equiparables a los de una ‘mascletà’, lo que exige un control estricto de los aforos y el mantenimiento de las vías de evacuación completamente despejadas. Por este motivo, el Ayuntamiento descarta incluso la posibilidad de que los manifestantes reubiquen las tiendas en un lateral o dejen un retén simbólico, al considerarlo diametralmente incompatible con los planes de emergencia.

A las exigencias organizativas se suma una creciente inquietud en materia de orden público. La regidora ha manifestado su preocupación por la presencia de determinados individuos con antecedentes policiales dentro del asentamiento, en alusión directa al reciente arresto de un varón acusado de proferir insultos y amenazas tránsfobas en el interior de la acampada. Aunque Catalá ha matizado que se trata de casos puntuales y ha puesto en valor el talante dialogante de gran parte de los asistentes, ha reconocido que estas circunstancias alteran gravemente la convivencia.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad ya han trasladado formalmente todas estas exigencias operativas a los portavoces de la protesta. Pese a priorizar la vía de la interlocución directa, la administración municipal ha dejado claro que no descarta recurrir a la vía judicial si fuese estrictamente necesario para garantizar la liberación y el blindaje de la seguridad de la plaza ante la inminencia de los eventos navideños.