Feijóo responsabiliza a Sánchez de la tensión en las calles y avanza que será «implacable» con el vandalismo urbano

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de fomentar un clima de «tensión» social como respuesta a una previsible derrota electoral. Durante un acto celebrado en Madrid para presentar las candidaturas al Congreso de los Diputados —en el que ha estado arropado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo—, el dirigente conservador ha garantizado que, si alcanza el poder el próximo 29 de noviembre, aplicará la ley de forma «implacable» contra los responsables de los graves disturbios registrados recientemente en ciudades como Barcelona, Bilbao o A Coruña.

En el transcurso de su intervención, Feijóo ha subrayado que la principal obligación de un gobernante consiste en «apagar fuegos» en lugar de «echar gasolina», reprochando directamente a los socios parlamentarios del PSOE su actitud de justificar y alentar los altercados en la vía pública. El jefe de la oposición ha contrapuesto el derecho a la manifestación pacífica, ejemplificado en las movilizaciones sin incidentes impulsadas por su propio partido, con los episodios de violencia de las últimas jornadas, advirtiendo que el país no cederá ante la intimidación de quienes pretenden alterar el orden ante la falta de expectativas electorales.

Como eje central de su estrategia para blindar la seguridad ciudadana, el candidato popular se ha comprometido a incrementar de manera sustancial la protección institucional, material y económica de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías municipales. Tras denunciar que el actual Gabinete ha dejado desamparados a los agentes en reiteradas ocasiones, Feijóo ha insistido en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben disponer de mayores recursos operativos que los delincuentes a los que persiguen, recordando que el respaldo a su labor profesional constituye una garantía directa para los derechos del conjunto de los ciudadanos.