Feijóo incluye en su programa la reducción de aforamientos, un endurecimiento de penas por malversación y el fin de los indultos por corrupción
El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la regeneración institucional y la lucha contra las irregularidades políticas en el centro de su propuesta de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la regeneración institucional y la lucha contra las irregularidades políticas en el centro de su propuesta de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante el acto de presentación de su programa electoral celebrado este martes en Madrid, el dirigente conservador ha lanzado un mensaje de tolerancia cero, garantizando que un eventual Ejecutivo bajo su mandato no concederá «nunca» la medida de gracia del indulto a cargos públicos condenados por delitos de corrupción.
Acompañado por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del documento, Alma Ezcurra, Feijóo ha aprovechado la tribuna para trazar un duro contraste con los años de gestión de Pedro Sánchez, exigiendo el fin de los «escándalos», los «amaños» y las «mordidas». Frente a este escenario, el candidato ha reivindicado su trayectoria política de más de tres décadas al frente de la gestión pública, presumiendo de no haber registrado casos de corrupción en el seno de sus equipos de gobierno.
Para blindar la integridad del sistema, el manifiesto electoral de los populares contempla un paquete de reformas legales orientado a evitar que las figuras de protección parlamentaria deriven en espacios de impunidad. Entre las medidas anunciadas, destaca el endurecimiento de las penas contempladas para el delito de malversación de caudales públicos, una revisión a la baja del número de aforamientos vigentes y una modificación del mecanismo del suplicatorio.
Según argumenta la formación en el documento marco, el objetivo de esta hoja de ruta es limitar los privilegios judiciales al perímetro estrictamente justificado por la Constitución y los estándares europeos, garantizando el control mutuo entre poderes y devolviendo a la política su vocación de servicio ciudadano.





