Martes, 17 de noviembre de 2026 · València
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El juez del caso Begoña Gómez ordena a Google que no borre los proyectos del software de la Complutense

El magistrado actúa «dada la urgencia» después de que una de las empresas que desarrollaron la plataforma no aclarara si se ha desconectado de Google Cloud. Hazte Oír pide 13 años de cárcel para la mujer de Sánchez.

Redacción · València 2 min
Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada
Foto: Jesús Hellín

El juzgado que investiga a Begoña Gómez ha movido ficha para que no se pierda ninguna prueba del software de la Universidad Complutense por el que la esposa de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo. El magistrado Carlos Valle ha ordenado oficiar a Google para que no borre el contenido de los proyectos vinculados a ese programa que se alojan en su plataforma Google Cloud.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez toma la decisión «dada la urgencia» y por prudencia, para evitar que desaparezca el contenido. El motivo: Devoteam Drago, una de las empresas que participaron en el desarrollo de la plataforma, no ha respondido a la pregunta del juzgado sobre la desconexión de la consola de Google Cloud de esos proyectos.

Valle sustituye de forma provisional al juez Juan Carlos Peinado, ya jubilado, hasta que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tenga un nuevo titular.

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Reuniones semanales con la asistente de Moncloa

Devoteam tuvo un papel relevante en la investigación de Peinado. La empresa confirmó que durante el desarrollo del proyecto tecnológico ligado a la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez en la Complutense se celebraban reuniones semanales de seguimiento. Para el juez, la presencia en ellas de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en el Palacio de la Moncloa, es un indicio de su participación en actividades del proyecto impulsado por la mujer del presidente junto a empresas privadas del sector.

Hasta 13 años de cárcel

Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y a su asistente por malversación. En su resolución, el juez apreció irregularidades tanto en el uso para fines privados del trabajo de una empleada pública como en el desvío del software desarrollado en el seno de la cátedra.

La acusación popular que ejerce Hazte Oír pide 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. La Fiscalía y las defensas reclaman su absolución. El juicio todavía no tiene fecha.

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