Catalá da un ultimátum a la acampada de la plaza del Ayuntamiento y exige «desescalar» tras un mes: «Ha llegado el momento de recuperar la normalidad»

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha marcado un punto de inflexión respecto a la acampada por la vivienda instalada en pleno corazón de la ciudad. Tras cumplirse un mes de protesta, la primera edil ha reclamado que «ha llegado el momento de desescalar» y de recuperar la normalidad en la plaza del Ayuntamiento, advirtiendo de que el consistorio dará «un margen de confianza de pocos días» antes de plantearse «muy seriamente» emprender acciones judiciales si no se desmantelan las instalaciones.

Durante su intervención ante los medios, Catalá ha defendido la gestión municipal desarrollada durante estas cuatro semanas, marcada a su juicio por «una empatía y sensibilidad bastante evidente» muy alejada de las decisiones drásticas adoptadas en otras urbes. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha sabido compaginar la protesta con la celebración de los actos del 9 d’Octubre y la protección de los propios acampados ante episodios de fuertes lluvias, contando con la asistencia de la Policía Local y los bomberos.

Exigencia de pasos a la Delegación del Gobierno y negativa a negociar en la calle

No obstante, la alcaldesa ha subrayado que un mes de ocupación continuada es un periodo más que suficiente para haber ejercido el derecho fundamental de manifestación. Por ello, ha instado a la Delegación del Gobierno a «dar pasos próximamente» y a coordinarse con los representantes de la acampada para comenzar a retirar las tiendas de campaña, «especialmente las que están desocupadas, que son muchas».

Preguntada por las reivindicaciones de los concentrados y sus exigencias en materia de vivienda al equipo de gobierno local, Catalá ha sido tajante al recalcar que la línea institucional es clara: «Los gestos de empatía, sensibilidad y escucha se han dado, pero las cuestiones vinculadas con la planificación y la política de vivienda no se negocian en una acampada no autorizada, se negocian en comisiones de urbanismo y en plenos del Ayuntamiento».

Con este ultimátum, el consistorio municipal confía en que los organizadores opten por la vía de la desescalada voluntaria en las próximas jornadas, poniendo fin a una ocupación que el Ayuntamiento considera que ya ha agotado sus márgenes de convivencia en el espacio público.